Los anuncios de Netflix y los cambios de tarifas en otras plataformas han llevado a los países a fortalecer sus leyes o aprobar nuevas iniciativas destinadas a proteger a la industria y a los consumidores.
Un ejemplo es el Reglamento (Real Decreto 7/2021) que entró en vigor hace unos meses, por el que se cambian algunas Directivas europeas para modificar las leyes generales de protección de los consumidores y usuarios. Con esto, se supone que existe un contrato comercial entre la empresa que presta el servicio y el usuario que transmite sus datos, aunque no se pague dinero.
Asimismo, en algunos países, existe una ley del consumidor que protege a los usuarios de términos abusivos o cambios en las condiciones que no se notifican debidamente a los usuarios.
También es importante conocer bien los contratos con cada plataforma, por ejemplo, las empresas están obligadas a explicar por escrito los procedimientos en los que los consumidores pueden ejercer su derecho a rescindir de este.
Cada país tiene una normativa diferente, pero hay recomendaciones generales para evitar problemas. En cualquier caso, cuando existe sospecha de conflicto contractual o cambio de condiciones, siempre es recomendable buscar el asesoramiento de un experto.